LEY GENERAL DE
TRABAJO: CAMBIO O MAQUILLAJE
Por: Valentín Pacho (*)
Aunque lejos de mi patria sigo los acontecimientos en el
país. En mi condición de ex Secretario General de la Confederación General
Trabajadores del Perú (CGTP) y actual Secretario General Adjunto de la
Federación Sindical Mundial (FSM) tengo el deber de expresar mi opinión sobre
el proyecto de Ley General de Trabajo (LGT) presentado, en setiembre del año
pasado, al Congreso de la República por la Comisión de Trabajo con la firma
aprobatoria de su presidente y demás miembros de todas las bancadas, menos uno,
probablemente por estar en desacuerdo con su contenido
Este proyecto de LGT, según información de la propia
Comisión de Trabajo, es producto de anteriores anteproyectos de la última
década que han sido acumulados, más los aportes del Consejo Nacional de Trabajo
con el 85 % consensuado.
Según informaciones de fines del año pasado y algunos
comentarios, el Congreso de la República someterá a debate dicho proyecto para
su aprobación en los primeros meses del presente año.
Después de la renuncia del Gabinete Lerner, las cosas han
variado y puede ser que lo aprueben por sorpresa o lo retracen hasta nuevo
aviso ya que un sector de congresistas neoliberales y la derecha, representante
del poder económico y mediático, están ahora más preocupados en imponer el
proyecto Conga y en la demolición de los personajes más representativos de Gana
Perú que no gozan de su total simpatía.
Devolución de los
derechos despojados
La elección del Presidente Ollanta Humala con promesas de
cambio, inclusión social y lucha contra la corrupción, generó expectativa y
esperanza entre los trabajadores y sectores sociales excluidos. Quienes dimos
el voto por Gana Perú lo hicimos contra el continuismo neoliberal.
En las dos últimas décadas, estos gobiernos a exigencia de
los poderes económicos y (de) la derecha, despojaron a los trabajadores de sus
principales derechos laborales y sus conquistas sociales, imponiendo una serie
de leyes y decretos antilaborales y antisindicales con los cuales sometieron a
la clase trabajadora a la peor explotación.
Por lo tanto, la inclusión social referida a los
trabajadores debe entenderse como la devolución de los derechos laborales y
conquistas sociales que arbitrariamente les fueron expropiados. Asimismo, debe
entenderse, también, como la redistribución de la riqueza para generar
desarrollo y con él, empleo con salario digno, para combatir la pobreza. Es lo
que esperan los trabajadores.
El proyecto es
neoliberal
Una rápida lectura al proyecto genera desaliento y
frustración, pues comprobamos que solo se trata una recopilación de toda la
legislación antilaboral y antisindical impuesta por anteriores gobiernos
neoliberales. De aprobarse tal proyecto, por más remiendos que le pongan, sería
como disfrazar al lobo de caperucita. Una burla más para los trabajadores.
Si hablamos de cambios como prometió el presidente, se
tienen que derogar todas las leyes y decretos antilaborales y antisindicales a
fin de proyectar una legislación laboral que signifique la recuperación de la
dignidad de la clase trabajadora y de sus derechos; por ejemplo, el fomento de
la negociación colectiva (retorno del Contrato Colectivo de Trabajo) o derecho
a huelga.
Los trabajadores no quieren más arbitrajes, no más services
ni tercerización o alquiler de trabajadores, no mas criminalización de las
protestas, no mas judicialización de las relaciones laborales, pleno derecho a
la estabilidad laboral, derogatoria del CAS, recuperación del rol tuitivo del
Ministerio de Trabajo, etc.
Imprescindible
modificación de la actual constitución
El Proyecto de Ley General de Trabajo (LGT), tiene un vicio
de origen al adecuarse al arco de la actual Carta de Fujimori (1993) que los
trabajadores y las fuerzas progresistas han demandando su modificación porque
no favorece ni a los trabajadores ni a los pueblos excluidos, tanto así que ni
el Presidente Humala ni los Vicepresidentes juramentaron sus cargos por esa
Constitución sino por la del 1979.
Si realmente se quiere hacer cambios que permitan recuperar
los derechos fundamentales de los trabajadores necesariamente se tendría que
sustituir la Constitución o modificar mínimamente varios artículos de ella para
que posibiliten una nueva legislación laboral, de tal suerte que la LGT
signifique restitución de los derechos laborales y conquistas sociales
cercenados; y, la derogatoria de todas las disposiciones violatorias y
abusivas. Si no es así, entonces nos estaríamos engañando.
En varios países de América Latina como Venezuela, Bolivia,
Ecuador, Nicaragua, Uruguay y otros, han tenido que modificar sus Constituciones
neoliberales para así poder hacer los cambios necesarios, no solamente en lo
laboral, sino en la política general del Estado.
Consejo Nacional del
Trabajo
El Consejo Nacional del Trabajo y Fomento del Empleo (CNT)
al que los gobiernos de Alejandro Toledo y Alan García han hecho aparecer como
el órgano consultivo del tripartismo en el Perú, porque en el participan
representantes del gobierno, de empresarios y de trabajadores, de órgano de
concertación sólo tiene la nomenclatura (cumple una función decorativa, apenas
de palabra) y constituye más bien una de las principales barreras de aquellas
iniciativas que han sido sometidas a su consideración y que por el veto que
ejerce la representación empresarial, con el respaldo de la representación
gubernamental, han impedido o desnaturalizado tales iniciativas. Ejemplo de
ello son los diez años en que se paralizó la LGT.
El CNT no ha hecho ningún aporte trascendental, sólo ha
concretado algunos acuerdos que no afectan la política neoliberal ni quitan el
sueño de los empresarios. Esto es tan cierto que el Dr. Carlos Blancas lo ha
resumido en la respuesta a la pregunta del diario La Primera.
- ¿No se desalentarían la creación de empresas por mayores
costos laborales?
“- Pero si no hay
mayores costos. Quien dice eso miente La Ley no ha aumentado ninguno de los
beneficios que actualmente existen. Estos son cinco, compensación por tiempos
de servicio, asignación familiar, gratificaciones, 30 días de vacaciones y
participación en las utilidades. La ley no aumenta los gastos ni en un
céntimo”.
Como puede verse, lo que menciona el Dr. Blancas, es todo el
aporte del CNT que está incluido en el proyecto de LGT, lo demás es
recopilación de leyes antilaborales y antisindicales de los gobiernos de
Fujimori, Toledo y Alan García.
Cabe mencionar que en el Consejo Nacional de Trabajo
respecto a los despidos arbitrarios y abusivos que impusieron los gobiernos con
el pago de 12 sueldos, ahora, con grave aceptación de la representación
sindical, se ha pactado que, en vez de 12 sean 18 los sueldos que te pagan para
botarte. O sea que ahora, con bendición de las víctimas, se legalizan los
despidos abusivos y arbitrarios.
Esto nunca se debió aceptar porque significa legalizar
mediante tarifa, vender los despidos mencionados ya que, por ser arbitrarios
son injustos. Sería preferible que los impongan como lo están haciendo pero
jamás pactar con ello, porque la lucha del movimiento sindical clasista ha
sido, es y será por el derecho a la estabilidad en el trabajo.
Este derecho ya la conseguimos a través del Decreto Ley
18471 durante el gobierno de Velasco Alvarado, incluso el gobierno de Morales
Bermúdez se vio obligado a respetarlo por la razón y la fuerza de los
trabajadores y sus sindicatos. Lo mismo pasó durante el segundo gobierno de
Belaunde hasta en el primer gobierno de Alan García, inclusive.
Esto porque la Constitución de 1979 en su artículo 48 no
permitía despidos arbitrarios o abusivos y si garantizaba la estabilidad
laboral. Cabe preguntarse ¿porque pactar ahora aceptando el despido arbitrario?
¿Por unos soles?
El sagrado derecho a la estabilidad en el trabajo
Repito, cuando hablamos sobre el derecho a la estabilidad en
el trabajo no demandamos nada nuevo ni ajeno a los trabajadores porque ya la
conquistamos y la tuvimos. El estado neoliberal y ladrón nos la robó.
La conquistamos en 1970 y fue consignada en la mejor
legislación laboral que tuvo el Perú, esto es durante el gobierno de Juan
Velasco Alvarado.
En consecuencia, la defensa y lucha por recuperar el derecho
a la estabilidad en el trabajo es cuestión de principios y honor y no es
negociable.
Quienes cuestionan la estabilidad laboral sostienen que se
trataría de una institución retrógrada, herencia del “nefasto” gobierno de
Velasco Alvarado. Quienes sostienen ello, no ignoran, sino esconden que la
estabilidad en el empleo está consagrada expresamente en el Protocolo de San
Salvador (Protocolo Adicional a la Convención Americana de Derechos Humanos) y
reconocida en el siglo XXI por el Tribunal Constitucional en jurisprudencia
uniforme de más de 9 años, que ha dejado sentado que el derecho al trabajo
tiene dos componentes esenciales: el derecho de acceder a un puesto de trabajo
y el derecho a no ser privado de ese puesto de trabajo sin causa justa. Y es
que, en efecto, la causa justa es la única fuente legitimadora de un despido;
por consiguiente, el despido arbitrario no puede ser convalidado con la
indemnización, sino enfrentado con la restitución del trabajador en su puesto
de trabajo.
Visto de esta forma, el Consejo Nacional del Trabajo, no
podía aportar nada interesante para los trabajadores, por dos razones:
1. En el CNT, sólo el veto de la parte empresarial anula
cualquier iniciativa a favor de los trabajadores, si a esto agregamos la
posición neoliberal y pro patronal del gobierno tendremos, entonces, un CNT
improductivo.
2. La mentalidad de los empresarios peruanos no tiene, como
en los países desarrollados, mayor amplitud de criterios en función del
desarrollo de sus respectivos países. Ninguna conquista laboral se pudo obtener
en el Perú por voluntad o iniciativa del empresario, ha tenido que ser producto
de grandes acciones de lucha con muertos y heridos o encarcelamiento de los
sindicalistas.
Los hechos han demostrado que el Consejo Nacional del
Trabajo no ha aportado nada que valga la pena. Sólo esta siendo utilizado para crear
confusión con eso del 85 % consensuado. Tal es así que ni siquiera se ha podido
acordar el aumento del salario mínimo, tantos años postergado, cuando esto se
da ya en la mayoría de países de América Latina.
La madre del cordero
Los que somos parte del sindicalismo de clase, sabemos que
para la elaboración de una legislación laboral se tiene que tomar en cuenta los
siguientes aspectos.
- A favor de quién se va ha elaborar la LGT, es decir a que
clase social se quiere favorecer.
- Si el proyecto de LGT está sobre la base del contenido y
espíritu de la actual Constitución de la República, engendro de la dictadura
fujimorista ¿Cómo se pretende que dicha LGT vaya a ser favorable a los
trabajadores?
- La actual Constitución ha sido impuesta por el
neoliberalismo y es defendida por los partidos políticos de la derecha, sobre
todo por el empresariado. Por esta razón la cuestionan los trabajadores y los
sectores progresistas y democráticos de nuestro país.
- Si el proyecto de LGT está basado en la actual
Constitución fujimorista, entonces, de aprobarse en el Congreso, se hará en
contra de los intereses de los trabajadores, con la diferencia de que las leyes
neoliberales dispersas estarán centralizadas en una sola ley orgánica. Eso no
sería ningún cambio sino simple demagogia.
Sospechosa “Comisión
de Expertos”
Lo más preocupante es el hecho de que el Ministerio de
Trabajo ha nombrado una “Comisión de Expertos” conformada por ex ministros de
trabajo y promoción del empleo para que revisen el proyecto de LGT y hagan sus
aportes. Con el respeto que se merecen cada uno de ellos, no entusiasma en
absoluto el hecho de que esa “Comisión” esté compuesta en su mayoría por gentes
que fueron ministros de gobiernos neoliberales.
Particularmente he tratado con muchos de ellos y solo podría
cifrar esperanzas en el doctor Carlos Blancas, a quién conozco como un
profesional en busca de justicia a favor de los trabajadores cuando fue
Ministro de Trabajo por corto tiempo en el primer gobierno de Alan García, Su
actuación fue correcta, por eso, luego, fue cambiado por ministros apristas más
confiables.
Sería iluso creer que los conformantes de la “Comisión de
Expertos”, habiendo sido ex ministros neoliberales, conocidos por ser asesores
de importantes empresas vayan a mejorar dicho proyecto a favor de los
trabajadores. Es como pensar que el León se va a volver vegetariano. Lo que
harán será maquillar el proyecto para que el contenido sea más neoliberal.
El Tribunal
Constitucional
Sin embargo, la luz de la estabilidad en el trabajo se
escapó del túnel oscuro del neoliberalismo gracias a la actitud ética y
coherente del Tribunal Constitucional presidido por el doctor Javier Alva
Orlandini e integrado, entre otros, por la destacada figura del doctor Magdiel
Gonzáles Ojeda. El TC en el 2003, mediante jurisprudencia de carácter
vinculante restituyó el derecho a la estabilidad laboral y, asimismo, puso coto
a los abusos del trabajo de 12 o 14 horas.
Tuvo que ser el Tribunal Constitucional de esos años, el que
sacudió la conciencia de los gobiernos y los empresarios abusivos, haciéndoles
entender de una buena vez que la estabilidad en el trabajo es un derecho
irrenunciable del trabajador y no una merced del patrón.
La Corte Interamericana
Un organismo internacional como la Corte Interamericana de
Derechos Humanos ha dado otra lección a los gobiernos neoliberales del Perú,
mediante sentencia del 24 de noviembre del 2006 que ordena al Estado peruano la
inmediata reposición en sus puestos de trabajado de los trabajadores del
Congreso que fueron despedidos por el gobierno de Fujimori a raíz del golpe del
5 de Abril 1992. Igualmente, con otra sentencia la Corte Interamericana de
Derechos Humanos ordenó que sean repuestos los trabajadores del Municipio de
Lima que hacía años fueron despedidos injustamente.
Esto debe servir de aliento para que la lucha contra los
despidos arbitrarios, abusivos e injustificados siga vigente.
¿Cuales son los problemas centrales de los trabajadores y
sindicatos que el proyecto de LGT debió considerar en la actualidad?
1. Eliminación del Contrato Colectivo del Trabajo
El golpe más duro que los gobiernos neoliberales dieron a la
clase trabajadora y a los sindicatos en el Perú fue la eliminación del Contrato
Colectivo de Trabajo (CCT) en el que intervenían, como muchos sindicalistas
deben recordar: Estado, empresarios y trabajadores.
En la actual Constitución no aparece el Contrato Colectivo
de Trabajo y por cierto, tampoco, en el proyecto de la Ley General de Trabajo,
los sindicalistas sabemos que esta es, precisamente, la parte central de las
relaciones laborales existentes en la mayoría de países de América Latina y en
la Unión Europea, mientras en el Perú se desconoce o procura desconocer
El Estado peruano ha suscrito los convenios de la
Organización Internacional del Trabajo, y la OIT reconoce el carácter
tripartito de las relaciones laborales, esto es la establecida por la
representación de los estados, empleadores y de los trabajadores; por tanto, es
discordante que en el Perú no se practique el tripartismo.
2. El Estado peruano saca el cuerpo para no asumir su
función tuitiva
Al haber eliminado el Contrato Colectivo de Trabajo, el
Estado renuncia a su carácter tutelar y a su obligación de defender al más
débil (al trabajador) en la solución de los problemas laborales. En ese
contexto, en las relaciones laborales, quedó eliminada la función del
Ministerio de Trabajo, convirtiéndose sólo en un simple veedor u observador de esas
relaciones y de los conflictos que estas generen.
Eliminada la función del Ministerio de Trabajo, las
reclamaciones o conflictos laborales que antes se tramitaba en vía
administrativa ante los organismos de este Ministerio han pasado al poder judicial
(juzgados laborales). Esto implica que se ha judicializado las relaciones
laborales, de tal suerte que el trabajador queda sin protección, al libre
albedrío y abuso de los empresarios y del poder judicial, generalmente
corrupto.
La experiencia ha demostrado y está demostrando que tales
juzgados demoran meses o años para resolver los reclamos de los trabajadores,
con pérdida de tiempo y gastos por parte del trabajador litigante, que, en la
mayoría de casos, termina por abandonar el proceso.
3. Debilitar a los sindicatos y neutralizar el papel de los
dirigentes sindicales
Al judicializar las relaciones laborales, toda reclamación relacionada,
por ejemplo, con el incumplimiento de pactos y convenios, reintegros
salariales, sobre tiempos, despidos de trabajadores o suspensiones, etc., ahora
hay que hacerlo ante el poder judicial.
Encima se les prohíbe a los sindicatos intervenir en la
defensa de sus afiliados porque el poder judicial sólo admite abogados, esto
implica que el trabajador tiene que disponer, parte de sus derechos reclamados,
en pagar a juristas, lo que antes lo hacía el sindicato. De esta forma el
trabajador pierde parte de su derecho, anulan el papel del dirigente sindical y
del sindicato mismo.
Esto es, precisamente, lo que querían y quieren los poderes
económicos.
La experiencia personal y la de muchos dirigentes
sindicales, contemporáneos míos, nos enseñó que era el sindicato el que hacía
las denuncias firmadas por sus dirigentes ante el Ministerio de Trabajo. Este
proceso, previas reuniones conciliatorias, se solucionaba en trato directo o,
sino había acuerdo, era, finalmente, el Ministerio de Trabajo quien resolvía en
primera o segunda instancia (según los casos).
La diferencia radica en que, entonces, el sindicato
participaba activamente en representación del trabajador y/o trabajadores;
asimismo, la función tuitiva de la autoridad de trabajo ayudaba en las
soluciones. Y el diálogo no se agotaba.
Los últimos gobiernos, sus ministros y parlamentarios,
unidos a los empresarios, vienen pregonando que la actual Constitución garantiza
los derechos de trabajadores y que todos son iguales ante la ley. Eso es una
mentira más grande que una Catedral ¿Como puede hablarse de “iguales ante la ley”
cuando los patrones tienen todas las leyes a su favor y los trabajadores no
tienen leyes que les favorezca, debiendo enfrentarse constantemente a las
maniobras y a la prepotencia de los empresarios y a un poder judicial corrupto?
Sobre esta situación el proyecto de Ley General de Trabajo
no propone ningún cambio, cuando debía haber propuesto que el Ministerio de
Trabajo vuelva a tener las facultades que antes tuvo.
4. Negociación colectiva y trampa en los arbitrajes.
La Negociación Colectiva regula las condiciones de trabajo y
las mejoras salariales, además, da solución a los pliegos de reclamos,
generalmente anuales de los sindicatos.
El derecho a la negociación colectiva ha sido una de las
conquistas más importantes de los trabajadores en el mundo, costó grandes
sacrificios y vidas. Lamentablemente, hoy son cada vez más burladas y
distorsionadas por los empresarios y los gobiernos cómplices.
Desde 1944, la Negociación Colectiva es reconocida
oficialmente a nivel mundial, así aparece en la Declaración de Filadelfia de
ese mismo año afirmando la necesidad de su reconocimiento. En el convenio 98 de
1949 de la OIT, quedó plasmado en forma definitiva el derecho a la negociación
colectiva.
Estos compromisos han sido suscritos por el Estado peruano,
lo mismo que el convenio 154 de 1981, referido al fomento de la negociación
colectiva y la Declaración Tripartita de la OIT de 1998 referida a Principios y
Derechos Fundamentales en el Trabajo.
Pese a ello y al hecho de que en la actual Constitución de
la República se menciona el derecho a la negociación colectiva, sin embargo,
las empresas, se niegan a solucionar los pliegos y los gobiernos la distorsionan
para debilitarla con el deliberado propósito de impedir las huelgas.
El gobierno de Fujimori, después del golpe de 1992, promulgó
el Decreto Ley 25593 (de Relaciones Colectivas) referido a la regulación de
libertad sindical, negociación colectiva y huelga. Esto significó un retroceso
en comparación con las anteriores legislaciones sobre la materia.
Debido a ello, sucede ahora que los empresarios privados o
paraestatales ante la presentación de los pliegos de reclamos de los sindicatos,
recurren a su vieja y conocida táctica de ponerse intransigentes, los
trabajadores se ven obligados ir a la huelga y la patronal prolonga el problema
hasta las calendas griegas con el fin de vencerlos por agotamiento, a vista y
paciencia del Ministerio de Trabajo que hoy está convertido solo en veedor.
Los trabajadores ahora se ven obligados a someterse al
arbitraje o Laudo Arbitral que, por ser de carácter comercial privado, tienen
ellos que pagar un arbitraje demasiado costoso.
Por ejemplo, el pliego de reclamos del Sindicato de
Trabajadores del Banco de la Nación, que se ventila en el Tribunal Arbitral,
costará 45 mil soles, en cambio si se tramitara en el Ministerio de Trabajo no
tendría que pagarse costo alguno.
Es decir que hoy, en lugar de mejorar los míseros salarios
de los trabajadores se les arrancha parte de su salario por medio de los
arbitrajes. Y, lo peor es que la decisión del Tribunal Arbitral es inapelable.
Antes ocurría que, cuando se tramitaba en el Ministerio de Trabajo había
derecho a la apelación y, paralelamente, en forma extraoficial, el diálogo
entre las partes podía continuar.
Hoy, se aplica el trámite fácil de declarar las huelgas
ilegales y por tanto el despido de trabajadores se vuelve inminente. Este
chantaje utiliza la empresa para presionar a los sindicatos contra el paro o
bien contrata a trabajadores tercerizados para enfrentarlos a sus hermanos de
clase. De esta manera, los empresarios continúan con las manos libres para
manipular y burlarse de los trabajadores con la protección hipócrita y
descarada del Estado.
Claro que la Constitución habla de reconocer el derecho a
huelga, pero nada dice de las trampas que los gobiernos facilitan a los
empresarios para burlar o distorsionar la negociación colectiva.
En conclusión, los arbitrajes son un retroceso en las
relaciones laborales y deben ser derogados. Es el Ministerio de Trabajo el que
debe resolver los conflictos.
5. Los pliegos nacionales por rama de actividad
Otra de las consecuencias negativas de la actual Ley de
Negociaciones Colectivas es el hecho de que no reconoce el derecho a los
pliegos nacionales por rama de actividad, cosa que en otros países es práctica
normal en los convenios colectivos. Si se habla de cambios es hora de que se
reconozcan los pliegos nacionales por rama de actividad en el Perú, cosa que en
el proyecto de LGT pasa por desapercibido.
En el caso de los trabajadores de la construcción, este
sector es el único que ha logrado, a puño limpio a través de grandes acciones
de lucha recuperar sus fueros. Antes existía la Comisión Tripartita para
negociar y solucionar el pliego nacional y demás condiciones, pero, durante el
gobierno de Fujimori, esta fue anulada. Después de varios años de continuas
movilizaciones la Federación de Trabajadores en Construcción Civil del Perú
(FTCCP) logró que se respete el derecho al pliego nacional por parte de CAPECO
al margen de la actual legislación laboral.
6. Tráfico de trabajadores-mercancía
Otra perla de los gobiernos pro patronales son los llamados
services, formalizados mediante Ley 27626 publicada en Enero del 2002 por el
gobierno de Alejandro Toledo como empresas especiales de servicios o prestación
de servicios de intermediación laboral. Como se verá, esta terminología
inofensiva sirve para denominar al tráfico indignante del trabajo y para
humillar al trabajador como ser humano.
También el Decreto Legislativo 728, conocido con el nombre
rimbombante de Ley de Productividad y Competitividad, promulgado por Fujimori
con el Decreto Supremo 0097-TR, obliga al trabajador a vender su fuerza de
trabajo al empresario en el mercado, estando sujeto a la oferta y la demanda, o
sea que el trabajador, por obra y gracia de estos decretos, se convierte en
mercancía.
Lo que está ocurriendo ahora es que el empresario
capitalista que compra la fuerza de trabajo puede revenderla a otra empresa. Es
decir el Estado y los empresarios han legalizado, en los hechos, el tráfico del
trabajo humano.
Mientras siga vigente el Decreto Legislativo 728, los
trabajadores seguirán a merced de la superexplotación y abuso de los
empresarios con el beneplácito del gobierno. Por esta razón los services deben
ser suprimidos; pero, el proyecto de LGT no propone la derogatoria de esta
malhadada ley.
7. CAS: el Estado traficante
El propio Estado está traficando con el trabajo humano, es
el caso de los trabajadores del sector público comprendido en el Contrato
Administrativa de Servicios (CAS) que, mediante el Decreto Legislativo 1057,
impuso la explotación de estos trabajadores en su gran mayoría calificados
pero, sin derechos sociales, a pesar de que cumplen con el trabajo de calidad
como los demás trabajadores del sector público.
El Estado abusivo y sin escrúpulos viene manteniendo esta
situación indignante con más de 180 mil trabajadores de ese sector.
Actualmente, en el Congreso de la República, los parlamentarios que siendo
candidatos prometieron derogar el Decreto Legislativo 1057 ahora se hacen los
chuecos, dando largas, con el cuento de que se hará por partes y según dicen… a
partir del 2013.
Aquí solo cabe la derogatoria inmediata del DL 1057 para
terminar con el CAS y que solo quede como un recuerdo vergonzoso del Estado
peruano. Mas bien debe ir pensando como devolver los derechos que dejó de pagar
a éstos trabajadores, víctimas del abuso al que se vieron obligados a soportar
por la necesidad del trabajo.
8. La tercerización
La indignante tercerización o outsourcing creada mediante
Ley No 29245 (24.06.2008) y el Decreto Legislativo Nº 1038, durante el gobierno
de Alan García con el objeto de reducir costos, está sometiendo a los
trabajadores a la peor explotación, sin derechos sociales, teniendo que
soportar la angustia de no ser recontratados o ser despedidos si intentan
formar sindicato o hacer reclamación alguna.
Es la peor humillación al trabajador. Es una contratación
precaria y perversa que está afectando a la gran mayoría de trabajadores,
principalmente jóvenes en todas las ramas de la actividad productiva. Miles de
éstos laboran desplazados en lugares en donde no cuentan con mínimas
condiciones de supervivencia.
La tercerización sirve para burlar el derecho a sindicación,
a la negociación colectiva, al derecho de huelga, etc. Es decir se legaliza el
fraude por parte de la patronal en complicidad del Estado.
La proliferación de las cadenas de subcontrataciones
tercerizadoras, donde una empresa traficante vende la fuerza de trabajo de los
que ha contratado a otra empresa subcontratista, traficante y ésta a otra y así
sucesivamente, es lo que viene ocurriendo en nuestro país y en nuestros días.
Los derechos de esos trabajadores queda en el limbo,
mientras, los beneficiarios son las grandes empresas y los intermediarios, a
costa de la sobreexplotación de dichos trabajadores.
Para poner solo un ejemplo. Tenemos en la Federación
Sindical Mundial (FSM) la denuncia reiterada de la Federación Nacional de
Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Siderúrgicos del Perú (FNTMMSP) de que el
80% del total de los trabajadores asalariados de este sector son tercerizados,
¿Quién se está beneficiando con todo el ahorro que produce
el no pago de los derechos de estos trabajadores? Evidentemente que son las
empresas mineras las que están obteniendo jugosas ganancias, favorecidas,
además, por los buenos precios internacionales de los minerales.
La modalidad de la tercerización es la peor estafa a los
trabajadores.
No cabe hacer reglamentaciones como algunos están pregonando
para confundir. La tecerización y la Ley 29245 y el Decreto Legislativo 1038
simplemente deben ser derogados.
En conclusión:
Los problemas que he mencionado no han sido tomados en
cuenta en el proyecto de la Ley General del Trabajo, ello nos obliga a concluir
que este Proyecto no conlleva ningún cambio favorable para los trabajadores,
tratándose sólo de puro maquillaje. La tal LGT no es más que la recopilación de
las leyes y disposiciones antilaborales y antisindicales engendrados por los
gobiernos neoliberales del país.
Son los trabajadores del Perú y sus sindicatos los que
pueden exigir qué leyes necesitamos y qué leyes deben ser cambiadas cuando no
son favorables, Si realmente se quiere una Ley General del Trabajo que
signifique restitución de los derechos fundamentales de los trabajadores que
les fueron cercenados esto tiene que pasar por la modificación de la actual Constitución.
No hay que dejarse llevar por la propaganda y lo dicho por
la Comisión de Trabajo del Congreso de que el 85% del proyecto de LGT ha sido
consensuado en el Consejo Nacional del Trabajo. Ese 85 % como lo estamos
señalando se refiere a la recopilación de las leyes y decretos neoliberales ya
existentes y a temas que no afectan los intereses patronales donde no se
encuentran los aspectos centrales que aquí se ha mencionado.
Para cambiar o modificar la actual Constitución sólo existen
dos opciones:
1. Vía Congreso Nacional, donde la correlación de fuerzas es
desfavorable porque los congresistas de Gana Perú ya no están convencidos de lo
que ofrecieron y ni el mismo Presidente Humala está persuadido de la necesidad
de cambiar la actual Constitución que prometió en su campaña electoral porque
su gobierno está prácticamente acorralado por la derecha.
2. La otra vía, se ha convertido en la única posible, es la
acción directa de las masas, mediante una o varias movilizaciones nacionales
para exigir referendo. Eso depende de las condiciones, convicción y decisión
del movimiento sindical peruano, de las fuerzas sociales y de los partidos
políticos progresistas del Perú.
(*)
Ex Secretario general del
Sindicato de Trabajadores en Construcción Civil de Arequipa.
Ex Secretario General de la
Federación Departamental de Trabajadores de Arequipa.
Ex Subsecretario General y
defensa de la Federación de Trabajadores en Construcción Civil del Perú FTCCP.
Ex Secretario General de la
Confederación General de Trabajadores del Perú CGTP.
Actual Secretario General
Adjunto de la Federación Sindical Mundial FSM.
