*[Opinión JDC] AÑO DE LAS COIMISIONES

Publicado en LaRepublica.pe el 24/01/2011
Por Javier Diez Canseco

El 17 de enero, Alan García emitió el DU 001-2011. Con el argumento de “la incertidumbre sobre la evolución de la economía mundial” (¿no estamos “blindados”?), este DU (y el 002-2011) busca llevar a cabo un enorme faenón. Publicado en el receso parlamentario, sin declaratoria de emergencia que lo justifique, aprovecha la agitación del escenario electoral, los escandaletes y remates de cupos parlamentarios para entregarle a Proinversión la capacidad de disponer arbitrariamente de más de 30 grandes proyectos.

Pasan por encima de la normativa vigente para malbaratar los proyectos: comprometer miles de millones de dólares del Estado en “cofinanciamiento” a consorcios privados, entregar gratis propiedades y empresas estatales a los concesionarios, permitirles la inscripción en Registros Públicos a su sola solicitud, imponer servidumbres obligatorias y forzosas a los propietarios de las áreas y bienes comprometidos, concentrar la capacidad de decisión en Proinversión y quitarle al gobierno que sea elegido el 10 de abril próximo la capacidad de definir al respecto.

14 de estos proyectos no fueron implementados el 2010 por el gobierno que ahora corre. ¿No es la fuente de suculentas coimisiones? Un fin de fiesta apropiado para un régimen caracterizado por escándalos de corrupción impunes.

El DU acelera los procesos eliminando o suavizando todos los requisitos exigidos por la normativa nacional. Si hay normas indebidas, lo lógico es ponerlas en discusión y cambiarlas. Pero no es ese el objetivo, sino darle cancha libre el 2011 a García. Así lo reconoce explícitamente la exposición de motivos, aunque, más adelante, tiene el cinismo de decir que los procesos deben ser llevados a cabo “sin que afecte la transparencia”. El Art. 2 declara de necesidad nacional la ejecución de 30 proyectos de concesión de puertos, aeropuertos, carreteras, hidroeléctricas, ductos y redes de fibra óptica y banda ancha, a efectos de sustraerlos de los procedimientos, controles y garantías vigentes, ya bastante relajados y abusivos para los intereses del país.

Recordemos el puerto de Paita o los costos de la interoceánica. Inmediatamente, el Art. 3 establece que basta presentar un “proyecto de prefactibilidad” para conseguir cofinanciamiento estatal y entregar la capacidad de resolverlo al MEF, comprometiendo miles de millones de dólares sin condiciones elementales.

En el Art. 4 plantea que los organismos técnicos y reguladores de tarifas intervendrán con “opinión” sólo ante la versión final del contrato, con el pastel ya cocinado. Los temas tributarios serán vistos por el MEF (SUNAT ni se menciona). Es decir, todo se concentra en la decisión política de un gobierno que se va. Para colmo, las “opiniones” de los organismos reguladores y técnicos (si las piden) tienen apenas ¡diez días para emitirse! Una burla en proyectos de esta dimensión.

Sin vergüenza, el Art. 5 concentra todo el poder en Proinversión y exonera la entrega de autorizaciones de las obras de presentar la certificación de los Estudios de Impacto Ambiental. Así, hidroeléctricas altamente cuestionadas, ductos de gas que atraviesan territorios problemáticos o represas pueden ser autorizados sin haber evaluado su impacto. Se comienzan a implementar y luego, suceda lo que suceda, poco o nada se podrá cambiar. Además, se garantiza la servidumbre forzosa a favor de los concesionarios. No se requiere mucha imaginación para suponer la reacción que la implementación de esta norma tendrá en la Amazonía y las comunidades campesinas que ven afectados sus territorios sin consulta previa ni estudios de impacto ambiental. Más aun, esto degrada nuestros estándares ambientales, lo que está expresamente prohibido hasta en el TLC con los EEUU.

El Festival de Coimisiones de García, con apoyo del fujimorismo y las transnacionales, debe ser detenido. Es urgente anular estos DU con una amplia movilización y acción nacional en defensa de la transparencia y del uso de los recursos del país en función de los intereses nacionales, con pleno respeto al medio ambiente y a los pueblos del Perú.