Por: Mario Huamán Rivera
Los sectores retrógrados vienen utilizando a sus medios de comunicación, su representación política, a organizaciones sociales amarillistas y hasta la propia religión para impedir que las grandes mayorías accedan a los cambios, que el nuevo gobierno se encuentra implementando en cumplimiento de sus ofrecimientos electorales.
La desinformación y la provocación son usados para deslegitimar las nuevas propuestas con el fin de imponer su agenda para proteger sus intereses económicos, como ocurre con las infundadas críticas a la iniciativa congresal de sesionar en Ica y acercar dicho poder del Estado al quehacer diario de las familias, que en el caso de la referida región claman por una reconstrucción digna de sus ciudades, además de sancionar a los corruptos provenientes principalmente del partido que gobernó el lustro pasado.
A esto se suma, el cargamontón mediático y político contra las decisiones del nuevo gobierno para enfrentar al narcotráfico. Estas iniciativas promovidas por el régimen de Ollanta Humala propenderían a enfrentar a las verdaderas mafias y dejar de seguir persiguiendo a los trabajadores agrícolas formalizados, siempre perjudicados por la erradicación compulsiva, mientras los proveedores de insumos y los grandes comerciantes de cocaína efectúan su ilícito accionar de manera impune aprovechando la inacción y hasta la complicidad de algunos funcionarios estatales.
La nueva ofensiva de la ultraderecha también pretende controlar la Educación e impedir que sectores emergentes puedan construir nuevos liderazgos aprovechando el contexto político. Las amenazas del Cardenal, Luis Cipriani, a la Universidad Católica y la intromisión del Vaticano en asuntos internos de nuestro país, reflejan un problema que trasciende lo religioso y se convierte en un conflicto político y patrimonial, que afectará el estado de derecho y pondrá en peligro a la todavía precaria democracia peruana.
Las críticas al incremento de la remuneración mínima vital y los intentos de bloquear la Ley de seguridad y salud en el Trabajo, además de la resistencia de ciertos sectores enquistados en el Ministerio de Trabajo para evitar su reorganización y la provocación de diversas empresas para promover el conflicto y generar inestabilidad en el Perú vuelven a confirmar que los sectores perdedores y los grupos de poder están desarrollando un plan para neutralizar e impedir la transformación anunciada por el nuevo gobierno.
Por este motivo, la CGTP ha convocado para el 12 de octubre a una Gran Movilización Nacional con el fin de respaldar el proceso de cambio que va orientándose a promover la generación de trabajos con derechos, aumento de salarios y pensiones, libertad sindical, seguridad social para todos, gas y energía barata, entre otros. Asimismo, la marcha es para rechazar las pretensiones de la derecha y ultraderecha empresarial y política de mantener la exclusión social y la desigualdad, todavía imperante.
(PUBLICADO EN EL DIARIO LA PRIMERA EL 9 DE SETIEMBRE DE 2011)
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