OTRA ILEGALIDAD DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Por: Mario Huamán Rivera
Publicado en el Diario La Primera, el 21 de enero de 2011
Hace unos meses denunciamos que el Tribunal Constitucional (TC) emitió una resolución que contravenía varias sentencias propias y de la Corte Suprema sobre la negociación colectiva por rama entre la representación natural de los empresarios de la construcción, CAPECO y de los trabajadores, la FTCCP. Esta decisión se efectuaba en momentos que el gobierno aprista y ciertos grupos de mafias y prontuariados integrantes de una federación vinculada al APRA, asediaban con violencia y legalmente a nuestra organización y sus dirigentes.
La resolución del TC favorece a Ortiz Lossio, primo del ex alcalde de Lima y actual candidato presidencial, Luis Castañeda Lossio, cuya empresa pretende desconocer la ley y negar a sus trabajadores los beneficios de la negociación. El TC en sus considerandos pone los derechos comerciales del Sr. Lossio por encima de los derechos laborales contemplados en las leyes y sus propias sentencias y en la práctica orienta a los juzgados de Chiclayo, ciudad donde se da la controversia, a favorecer al familiar de Castañeda.
La FTCCP denunció públicamente y ante el Presidente del TC Dr. Carlos Mesía la ilegalidad que estaban cometiendo. El magistrado reconoció que había cometido un error en la resolución, la cual afecta decisiones constitucionales asumidas por dicho ente jurisdiccional, que reconocen el ámbito de la negociación colectiva por rama en el sector de la construcción. Sin embargo, el pasado 10 de diciembre de 2010 los mismos magistrados Carlos Mesía, Beaumont Callirgo y Eto Cruz volvieron a emitir una nueva resolución confirmando el despropósito cometido en la sentencia anterior, favoreciendo los intereses de Lossio frente a los derechos de los obreros de construcción civil.
Lo más extraño de esta decisión es que se asume teniendo en cuenta la intervención de la Federación Aprista, la misma que no forma parte del proceso, lo que indica que los magistrados del TC nuevamente han cometido una ilegalidad para favorecer a Ortiz Lossio y los intereses del gobierno aprista y de las organizaciones delictivas que desde hace años vienen buscando afectar y hasta eliminar la negociación colectiva por rama.
Si los juzgados de Chiclayo aceptan el despropósito de los magistrados del TC, se estaría afectando el estado de derecho en el país por una entidad responsable de salvaguardar las constitucionalidades de los diversos entes gubernamentales.
La FTCCP viene evaluando las acciones correspondientes para defender los intereses de sus afiliados frente a las ilegalidades del Tribunal Constitucional. A esto se sumarán, las medidas de protesta para denunciarlas y las que sean necesarias para defender los derechos laborales de las miles de familias trabajadoras de construcción civil reconocidas por el propio TC, las leyes nacionales y los convenios internacionales.
